4 de agosto de 2026
Nacional
La Máxima Casa de Estudios atraviesa por una de las pruebas de fuego más severas de las últimas décadas. Lo que comenzó como una apuesta por la modernización digital hoy se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza institucional. La UNAM ya no siente lo duro, sino lo tupido: ante la debacle tecnológica, las autoridades dieron marcha atrás y anunciaron que miles de aspirantes volverán a presentar el examen de manera presencial, recorriendo la fecha de ingreso del 10 al 31 de agosto.
Este repentino cambio obliga a un despliegue logístico a contrarreloj. Las autoridades universitarias deberán apurar no solo la habilitación de múltiples sedes a marchas forzadas, sino también garantizar la eficiencia en la evaluación y la entrega oportuna de resultados para no fracturar aún más el calendario académico.
Sin embargo, la logística es apenas la punta del iceberg. El verdadero polvorín está por estallar: ¿Qué va a suceder cuando aquellos que ya probaron el proceso digital sean rechazados? ¿Qué pasará con los aspirantes que decidan interponer amparos ante lo que consideran una flagrante injusticia y una violación a sus garantías individuales?
La gran incógnita es si la ley estará de su lado y si su derecho constitucional a la educación superior será respetado o pisoteado por una pifia administrativa. Este escenario se perfila como un auténtico parteaguas institucional. Analistas y observadores ya se preguntan si esta crisis rodará cabezas al más alto nivel jerárquico o si, como ha sido la dolorosa costumbre en el sistema, la culpa recaerá únicamente sobre el personal de tropa para tapar las apariencias.
Pobre UNAM, tan lejos de Dios, tan cerca de las pifias humanas… o mejor dicho, de las fallas cibernéticas que hoy ponen contra las cuerdas al prestigio de una de las mejores universidades del continente.
